Un nuevo capítulo de incertidumbre se vivió este lunes en Villa La Angostura tras el intento fallido de ejecutar una orden judicial de desalojo sobre el predio ocupado por la comunidad Lof Melo. El operativo, que según fuentes judiciales llevaba meses de planificación, terminó sin concretarse, reavivando una disputa territorial que ya supera los 13 años de historia.
La medida había sido dictada por la justicia civil local con el objetivo de restituir el lote a sus propietarios legales. Sin embargo, al momento de hacerse presente en el lugar, el operativo quedó trunco. Según trascendió, la resistencia de la comunidad y la decisión de las fuerzas de seguridad de no avanzar para evitar un escalonamiento de violencia derivaron en la retirada de los efectivos.
Denuncias por desobediencia judicial
La respuesta de la parte querellante no se hizo esperar. Los apoderados de la propietaria del lote emitieron una carta abierta donde denunciaron una “abierta violación a la manda judicial”. En el escrito, sostienen que “la policía se negó a prestar el auxilio de la fuerza pública”, frustrando así el cumplimiento de una sentencia que consideran firme y consentida.
Desde la defensa de los propietarios advirtieron que este accionar podría constituir un delito de desobediencia, apuntando directamente contra la cúpula policial y los responsables políticos de la seguridad en la provincia. “Es una señal peligrosa de indefensión para los ciudadanos que cuentan con fallos a su favor”, señalaron fuentes vinculadas a la causa.
Un conflicto que no encuentra salida
El litigio con el Lof Melo se remonta a más de una década y se encuentra enmarcado en una serie de reclamos territoriales que afectan diversos puntos de la localidad. Mientras que desde la comunidad mapuche se reivindica la posesión ancestral y se exige el cumplimiento del Relevamiento Territorial (Ley 26.160), los propietarios privados denuncian la ocupación ilegal de tierras con títulos de propiedad vigentes.
Este nuevo traspié judicial deja el conflicto en un punto muerto. Sin una nueva fecha para el desalojo y con el clima social tensionado, la resolución efectiva del caso parece quedar nuevamente supeditada a las negociaciones políticas entre el Gobierno Provincial y el Consejo Zonal Lafkence, quienes ya han manifestado que resistirán cualquier intento de expulsión.
