Un amplio operativo policial se desplegó este jueves desde las 8:30 en la calle Cerro Inacayal, barrio El Once, para cumplir una diligencia judicial de desalojo ordenada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Villa La Angostura, a cargo del juez Francisco Astoul Bonorino. El procedimiento se encuadró en la Orden Operacional N° 25/26 y ejecutó una sentencia que lleva firme desde 2018.
La intervención sorprendió a los vecinos del sector, que se encontraron de madrugada con un despliegue de fuerzas que incluyó efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Junín de los Andes, personal de la División Bomberos Chapelco, de la Unidad de Intervención Rápida de Villa Traful, de la Comisaría 28ª de Villa La Angostura y de las áreas de Logística de la Dirección de Seguridad Interior Lagos del Sur. Además, permanecieron afectados durante toda la diligencia una ambulancia del Hospital local, personal de Acción Social y agentes de Zoonosis con vehículos preparados para el traslado de animales.
El comisario inspector Miguel Poblete, a cargo accidental de la Dirección Seguridad Interior Lagos del Sur, explicó que la presencia policial responde al protocolo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén para los desalojos en causas civiles, y que el operativo se desarrolló con un oficial público que notificó formalmente la orden a los ocupantes.
El desarrollo del operativo
Según informó Poblete, los primeros treinta minutos del procedimiento transcurrieron con cierta tensión. Sin embargo, una vez notificados judicialmente, los ocupantes del predio —donde existían varias construcciones levantadas a lo largo de los años— accedieron a la medida y retiraron voluntariamente sus pertenencias. Distintas personas fueron abandonando el lugar en el transcurso de la mañana con sus efectos personales.
Sin embargo, ya finalizada la desocupación y en la vía pública, uno de los ciudadanos desalojados habría adoptado una actitud agresiva hacia el personal policial. Ante esta situación, se dispuso su demora preventiva. De inmediato tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, que instruyó actuaciones por los presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad, además de amenazas. Fue la única persona demorada durante el operativo.
Mientras tanto, los legítimos poseedores del inmueble comenzaron a tomar posesión efectiva del terreno y a realizar las tareas de mudanza correspondientes.
16 años de litigio: el largo camino judicial
Fuentes judiciales explicaron a los medios que el expediente civil tiene su origen en el año 2010, vinculado a un predio conocido como “Mallín Chico” donde con el correr de los años distintas personas fueron construyendo viviendas.
La sentencia de primera instancia, dictada en 2016, había rechazado la demanda contra los ocupantes. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial con competencia en el interior de la provincia revocó parcialmente ese fallo y ordenó el desalojo de varios ocupantes. Esa resolución quedó firme en 2018, pero su ejecución permaneció suspendida durante varios años por la existencia de una causa conexa que frenó el proceso.
Recién en agosto de 2025 comenzó formalmente la etapa de ejecución del desalojo. Este jueves, finalmente, se llevó a cabo la diligencia que puso fin a más de una década y media de litigio judicial.
