La Auditoría Municipal de Villa la Angostura emitió el Dictamen N.º 047-AUD-2026 sobre el proyecto de Régimen de Eficiencia, Simplificación y Ordenamiento de los Procedimientos Administrativos Municipales, impulsado por el Departamento Ejecutivo, y avaló gran parte del diagnóstico que motivó su presentación ante el Concejo Deliberante.
El informe del organismo de control reconoce la existencia de serias dificultades administrativas que vienen afectando el funcionamiento cotidiano de la Municipalidad: retrasos en la tramitación de contratos, demoras en el pago a contratados, proveedores y contratistas, y dificultades operativas que repercuten directamente en la prestación de servicios esenciales a los vecinos.
El origen del problema: dos ordenanzas que generaron más trabas que soluciones
El dictamen identifica en la aplicación práctica de las ordenanzas 4269/2025 y 4274/2025 el punto de partida de la crisis actual. Según la Auditoría, esas normas provocaron dilaciones administrativas, vacíos regulatorios y demoras en los procesos de contratación que terminaron afectando la ejecución de políticas públicas y la capacidad operativa del Estado municipal. A ello se suma que los montos fijados por la Ordenanza 4274/2025 quedaron rápidamente desactualizados por el impacto de la inflación, generando distorsiones en los procedimientos de compras y contrataciones.
Receso legislativo, plazos indefinidos e incertidumbre institucional
Uno de los nudos centrales del informe es la necesidad de garantizar la continuidad administrativa durante los períodos de receso del Concejo Deliberante. La Auditoría considera indispensable establecer mecanismos que impidan la paralización de decisiones vinculadas a servicios públicos, obras y adquisiciones esenciales cuando el cuerpo legislativo no está en actividad.
En la misma línea, el dictamen advierte que la ausencia de plazos definidos para el tratamiento legislativo de expedientes relacionados con contrataciones, presupuesto y Código Tarifario genera una fuerte incertidumbre institucional y complica la planificación financiera de la Municipalidad.
Concursos de precios, oferente único y fraccionamiento
El organismo también se expidió sobre aspectos técnicos del sistema de contrataciones. En materia de concursos de precios, sostuvo que este mecanismo debe conservar su naturaleza ágil y no incorporar exigencias que desvirtúen su finalidad original, ya que hacerlo termina sumando más demoras a los procedimientos administrativos. Asimismo, consideró razonable que la existencia de un único oferente no sea un impedimento automático para adjudicar una contratación, siempre que se hayan cumplido todos los requisitos técnicos, legales, de publicidad y concurrencia previstos por la normativa vigente.
La Auditoría también recomendó precisar el concepto de fraccionamiento o desdoblamiento de contrataciones, a fin de evitar interpretaciones que limiten indebidamente la contratación de profesionales, artistas, capacitadores y otros servicios que por su naturaleza son individuales y no constituyen una unidad económica divisible.
El costo concreto de la burocracia en tiempos de inflación
Uno de los puntos más contundentes del dictamen es el que refiere al impacto económico de las demoras. La Auditoría advirtió que, en un contexto inflacionario, cada prolongación de los procedimientos administrativos provoca una pérdida concreta de recursos públicos y reduce la capacidad del Estado para sostener servicios esenciales e impulsar inversiones. El tiempo, en este marco, no es un dato neutro: es dinero municipal que se evapora.
Sin recorte de facultades al Concejo
El dictamen deja expresamente establecido que el proyecto impulsado por el Ejecutivo no implica eliminar ni restringir las facultades del Concejo Deliberante, sino organizar los tiempos institucionales para alcanzar un equilibrio adecuado entre los mecanismos de control, la participación legislativa y la eficiencia administrativa.
De esta manera, la Auditoría Municipal convalidó los principales diagnósticos del Departamento Ejecutivo, que desde hace meses plantea la necesidad de modificar los procedimientos administrativos para evitar que las demoras burocráticas continúen retrasando obras, servicios y el cobro de quienes trabajan para el municipio. La propuesta deberá ahora ser debatida y votada por el Concejo Deliberante.
