El Gobierno provincial ratificó su decisión de avanzar firmemente en el recupero del dinero invertido en la construcción de viviendas sociales en todo el territorio neuquino. El objetivo central, según informaron las autoridades, es retroalimentar el sistema público: utilizar esos fondos para generar nuevos créditos y construir más casas frente a la gran demanda habitacional que existe en localidades como la nuestra.
La secretaria de Vivienda y Hábitat de la Provincia, Ana Servidio —funcionaria de la órbita del Ministerio de Infraestructura—, fue tajante respecto a esta política enmarcada en la premisa gubernamental de “ordenar para redistribuir”. “Es fundamental fortalecer el recupero porque es lo único que nos permite proyectar una política habitacional hacia adelante. Si más familias pagan sus viviendas, podemos generar nuevos créditos para que otras accedan a la casa propia”, afirmó.
Para dimensionar la situación, los datos oficiales indican que, a lo largo de su historia, la provincia del Neuquén construyó unas 62.000 viviendas. De ese total, apenas 17.000 ya fueron canceladas por sus adjudicatarios. Por este motivo, la actual gestión está focalizada en la regularización de todas aquellas unidades que aún no se abonaron o que están en pleno proceso de pago.
Cómo se calculan las cuotas y los plazos
En cuanto a la metodología, el año pasado (con la sanción de la ley del Fondo Neuquino para la Vivienda) se habilitó el pago de montos simbólicos “a cuenta”, que luego se descuentan del plan final. Servidio detalló que la financiación definitiva contempla planes de hasta 240 cuotas, es decir, a pagar en 20 años. Un punto clave que resaltó la funcionaria es que estas cuotas están “calculadas en función del costo real de construcción, sin intereses ni margen de ganancia para el Estado”.
Para la actualización de los montos, la Provincia optó por utilizar el sistema UVI (Unidad de Vivienda). A diferencia de otros índices que están directamente atados a la inflación general, el sistema UVI ajusta exclusivamente por la evolución de los costos de la construcción. “Este mecanismo permite mantener cuotas razonables, siempre por debajo de los valores de alquiler, y garantizar la sostenibilidad del fondo”, aseguró la secretaria de Vivienda.
¿Qué pasa si una familia no puede pagar?
Conscientes del contexto económico, desde el Gobierno aseguraron que no se tomarán medidas estandarizadas, sino que se contemplará la realidad de cada adjudicatario. Servidio remarcó que se mantendrán instancias de diálogo y acompañamiento.
Si una familia no puede afrontar el valor de la cuota, debe informarlo a la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS). En esos casos, se requerirá la presentación de la documentación socioeconómica correspondiente para elaborar informes sociales. A partir de esa evaluación, el objetivo es establecer planes de refinanciación o ampliación de plazos que se ajusten a los ingresos reales del grupo familiar.
A modo de ejemplo, la funcionaria se refirió a un conflicto reciente con 54 viviendas en la localidad de Buta Ranquil, habitadas desde 2019, cuyos vecinos se mostraron disconformes al incorporarse al sistema de cobro en marzo de este año. “Les explicamos que existe la posibilidad particular de que quien no pueda abordar esa cuota se acerque y podamos trabajar en un plan de pagos acorde a sus ingresos, pero esto no limita ni anula la idea del cobro”, aclaró.
“El recupero no es solo una obligación, es una herramienta solidaria para que más familias neuquinas puedan acceder a su casa”, concluyó Servidio.
