El Concejo Deliberante sancionó en su sesión del miércoles la ordenanza 4421, una norma que autoriza al Ejecutivo municipal a contratar de manera directa a los abogados Adolfo Hugo Burgenik y Edgar Mario Bertero. La relación contractual abarcará desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, y su objetivo es que ambos profesionales sigan al frente de la Asesoría Letrada del Municipio.
La iniciativa se aprobó por cinco votos a favor y dos en contra. Los votos negativos correspondieron a Juntos por la Libertad y Amor por Angostura. Según se informó, la ordenanza fue sancionada por mayoría agravada.
En cuanto al costo, el Municipio abonará 70 Jus. Tomando el valor que fijó el Poder Judicial a partir del 1 de julio, de $94.963,25 por unidad, el monto equivale a unos $6.647.000 mensuales.
Como el monto de la contratación supera el máximo que permite la normativa municipal vigente, el Gobierno local debió apoyarse en la ley provincial 2141 de administración financiera y control para justificar el mecanismo.
El artículo cuarto de la ordenanza define el carácter excepcional de la autorización. Según ese texto, responde a “las particulares características de la prestación”, a su continuidad desde 2019, a la necesidad de sostener una defensa judicial sin interrupciones y a la conveniencia de preservar el asesoramiento en los asuntos administrativos y judiciales que están en trámite.
La norma también faculta al Departamento Ejecutivo a firmar el contrato y a dictar los actos administrativos complementarios que hagan falta. Todo ello con una condición: no pueden alterarse el objeto, el plazo ni el máximo de unidades Jus autorizado.
Una relación que se remonta a 2019
Los considerandos de la ordenanza recuerdan que el Estudio Jurídico Burgenik-Bertero y Asociados presta servicios al Municipio desde enero de 2019, de manera continua. El estudio aporta a esa tarea cinco abogados y dos administrativos.
Sus funciones incluyen el asesoramiento al Ejecutivo y a sus dependencias, mediante informes, dictámenes y respuesta a consultas, además de la asistencia en procedimientos administrativos. También ejercen la representación y el patrocinio del Municipio como apoderados generales en los procesos judiciales en los que la comuna es actora, demandada o tercera interesada, tanto en jurisdicciones provinciales como nacionales.
La observación de la Auditoría Municipal
El proyecto que el Ejecutivo envió al Concejo detalla que, durante 2026, la contratación de los abogados fue objeto de observaciones y actuaciones de la Auditoría Municipal. Estas se vinculan con la ordenanza 4274/2025, con los límites económicos que fija y con la prohibición de fraccionar o desdoblar contrataciones que, en conjunto, superen los montos máximos previstos.
El Ejecutivo sostuvo que esa ordenanza no contempló los servicios profesionales, técnicos o especializados que, por la especificidad de sus tareas, la experiencia previa o razones de confianza debidamente fundadas, justifican un trato diferenciado. En esos casos, argumentó, la contratación directa es el mecanismo más adecuado para garantizar continuidad y eficiencia.
En el mismo texto, el Ejecutivo admitió que un servicio de asesoramiento jurídico permanente, sostenido a través de contratos sucesivos, queda alcanzado por la limitación de la 4274/2025. Esto se debe a que, “por acumulación previsible”, se termina superando el tope de dos remuneraciones del Intendente, con prohibición de contratos sucesivos.
Cinco meses sin contrato vigente
Uno de los datos más llamativos surge de los propios considerandos. A raíz de la observación de la Auditoría, el contrato con el estudio no se renovó durante mayo, junio, julio, agosto y lo que va de septiembre de 2026. Aun así, a pedido del Ejecutivo, Burgenik, Bertero y su oficina legal siguieron prestando el servicio en las mismas condiciones que antes, para evitar una “eventual indefensión del Municipio” en el plano judicial.
El Ejecutivo advirtió que prescindir de los abogados implicaría un “grave riesgo administrativo y judicial”. El Municipio quedaría sin dictámenes en los expedientes administrativos que los requieran y perdería la representación en más de 38 juicios en trámite, en distintas jurisdicciones provinciales y nacionales.
Los argumentos del Ejecutivo para el régimen excepcional
El Ejecutivo planteó que la situación se repetiría si se contratara a otro profesional u otros profesionales para cumplir esas tareas, dado el sistema de límites que establece la ordenanza 4274/2025. Agregó que un eventual nuevo contratado probablemente no aportaría la estructura jurídica que hoy pone a disposición el estudio.
Por eso, entre la naturaleza del servicio, la continuidad de las causas, el conocimiento acumulado de los antecedentes desde 2019 y la necesidad de una defensa sostenida, el Gobierno municipal fundamentó un régimen excepcional. Su finalidad, según el texto, es brindar “certeza jurídica y continuidad administrativa” a “un servicio esencial para la defensa de los intereses municipales”, sin perjuicio de las facultades de control de los órganos competentes.
