Una fuerte polémica sacude el escenario político regional tras la decisión del Concejo Deliberante de Junín de los Andes de aprobar un incremento salarial del 80% para la planta política, incluyendo al intendente, viceintendente y concejales. La medida generó un profundo enojo en el gobernador Rolando Figueroa, quien consideró la iniciativa como opuesta a la política de austeridad que impulsa la provincia.
Según fuentes del Gobierno provincial, la decisión “cayó muy mal” en el entorno del mandatario, especialmente considerando que la provincia asiste financieramente a la localidad para la ejecución de obras básicas. Desde Neuquén capital se comunicaron con el jefe comunal de Junín, Luis Madueño, para transmitirle el malestar y advertirle que “para este tipo de gastos la provincia no va a enviar recursos”.
Contradicción con el “pacto de gobernanza”
El reclamo provincial se fundamenta en que la medida vulnera el acuerdo de austeridad y gobernanza firmado con los municipios, el cual busca reducir el gasto político innecesario. “La provincia viene mostrando un plan de austeridad, bajando un 80% la planta política y eliminando privilegios como celulares y vehículos”, remarcaron desde el Ejecutivo neuquino.
Por su parte, el intendente Madueño defendió la ordenanza —aprobada por unanimidad— argumentando que se trata de una “recomposición salarial” necesaria para jerarquizar la función pública y retener personal técnico calificado. Según explicaron, los sueldos de los funcionarios habían quedado por debajo de los de algunos empleados administrativos.
La comparativa con Villa La Angostura
Durante el debate en el recinto de Junín, se utilizaron como argumento las escalas salariales de otras localidades de la zona sur. En la comparativa, se mencionó explícitamente la situación de Villa La Angostura, señalando que los concejales de nuestra localidad percibirían haberes cercanos a los cinco millones de pesos mensuales, cifra que se usó para justificar la necesidad de equiparar los ingresos en la vecina ciudad.
La nueva norma crea un adicional por “Función Política” que elevaría el sueldo del intendente de Junín en cerca de 3 millones de pesos, buscando corregir lo que calificaron como una “inequidad histórica” en la administración pública de esa ciudad.
