El intendente Javier Murer difundió el 9 de octubre un comunicado sobre el conflicto con un sector de los trabajadores municipales. Respondió así a una presentación de unos 30 empleados, entre ellos varios delegados y representantes gremiales, y a distintas manifestaciones públicas.
En el texto, el Ejecutivo dice que respeta “el derecho de los trabajadores a reclamar, organizarse y ejercer su representación sindical”. Pero advierte que, a su entender, un conflicto sectorial se presenta como si fuera general y que detrás de reclamos laborales aparecen “intereses que exceden ese ámbito”.
La acusación de uso político
El comunicado sostiene que es de público conocimiento que referentes de la conducción de ATE Neuquén participan en el partido Más por Neuquén. “No cuestionamos esa participación. Todo dirigente gremial tiene derecho a hacer política”, aclara. Y agrega: “Lo que no corresponde es hacer política partidaria utilizando como escenario al Municipio, como argumento a los trabajadores y como recursos el tiempo y el dinero de los vecinos”.
Respuesta punto por punto
El Ejecutivo responde a cada cuestionamiento:
- Concurso cuestionado: dice que se trató en la JACAD con el acompañamiento de los representantes de los trabajadores, según las Actas N.º 60 y 64.
- Pases a planta: afirma que se programaron en febrero con la representación gremial y que en esa ocasión el gremio propuso a otros trabajadores, no a los que ahora reclama.
- Control digital de horas extra: lo defiende como una obligación del Ejecutivo para controlar el uso de los recursos públicos.
- Liquidaciones de horas extra, vacaciones y adicionales: sostiene que todavía no se presentaron formalmente ante el área de Sueldos para revisarlas y, si corresponde, corregirlas.
- Asesora de Desarrollo Humano: niega la supuesta baja y asegura que nunca hubo una designación formal ni, por lo tanto, un acto de baja.
El costo de las asambleas
Según el Municipio, este año hubo asambleas con un promedio cercano a 30 trabajadores, que representan el 6% de la planta actual. En total se acumularon unas 60 horas de servicios no prestados. La gestión calcula que cada jornada de asamblea cuesta alrededor de $3 millones en horas pagadas sin prestación. A lo largo del año, dice el texto, eso equivaldría a comprar un camión regador nuevo y equipado para prevenir y combatir incendios forestales.
“No cuestionamos el derecho de asamblea. Pero ejercer un derecho no nos exime de dimensionar sus consecuencias”, señala el comunicado. También pide no confundir a los cientos de trabajadores que sostienen los servicios con lo que define como “un conflicto impulsado por un grupo reducido”.
Los compromisos del Ejecutivo
El comunicado cierra con cinco compromisos: “Los reclamos laborales se van a escuchar. Los derechos gremiales se van a respetar. Los acuerdos alcanzados se van a cumplir. Los recursos públicos se van a controlar. Y las disputas partidarias deberán darse en el ámbito de la política”.
Murer advirtió que no permitirán que las diferencias políticas paralicen servicios o desconozcan acuerdos ya alcanzados. Según el intendente, la prioridad es “que el Municipio funcione, que los recursos se administren con responsabilidad y que los servicios lleguen todos los días a los vecinos”.
